Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria
Santander, 15 de febrero de 2019.- El joven J.A.S. ha sido condenado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santander a la pena de dos meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros y la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, así como al pago de las costas procesales, como autor penalmente responsable de un delito leve de amenazas. El mismo juzgado ha desestimado posteriormente el recurso de apelación, confirmando la sentencia en todos sus términos e imponiendo nuevamente al acusado las costas del procedimiento.
La novia del citado individuo acudió en 2017 con su perro a un centro veterinario de Cantabria que le cobró 55,6 euros por los servicios prestados. Días después, J.A.S. se personó en el centro para expresar su insatisfacción por el servicio prestado, exigiendo la devolución del dinero pagado por su novia.
Los responsables de la clínica rehusaron devolverle a él el dinero, ofreciéndole en su lugar la posibilidad de que su novia siguiera el conducto reglado y formulara una reclamación, rellenando la correspondiente hoja.
Ante la negativa de los veterinarios, el joven amenazó con iniciar una campaña de desprestigio en las redes con el ánimo de causarles quebranto económico; amenaza que llevó a efecto ya que, tal y como consta en la sentencia, usó perfiles de familiares y amigos para verter comentarios falsos y vejatorios sobre la calidad de los servicios de la clínica y el comportamiento personal de sus propietarios.
Esta práctica de usar las redes sociales para amenazar y chantajear a los propietarios de centros veterinarios si no se avienen a prestar gratuitamente determinados servicios o a devolver el dinero en caso de no conformidad, se ha extendido por toda España en los últimos años y es uno de los temas que actualmente preocupan a la organización colegial en su conjunto. El Colegio Veterinario de Cantabria tiene establecido desde hace años un procedimiento legal para combatir este tipo de comportamientos ilícitos, poniendo su departamento jurídico a disposición de los colegiados afectados por estas prácticas. Igualmente se está combatiendo activamente la creciente morosidad que, de unos años a esta parte, se ha incrementado de manera exponencial y afecta, en mayor o menor medida, a la casi totalidad de los algo más de 80 establecimientos veterinarios legalmente establecidos en Cantabria.
La lucha legal contra todas estas prácticas ha permitido ya obtener algunas sentencias importantes porque empiezan a sentar jurisprudencia al respecto.
Otro caso de amenazas del que el Colegio de Veterinarios informó a El Diario afecta al veterinario responsable del diagnóstico de un perro presuntamente maltratado por un vecino de Suesa. Los hechos tuvieron lugar en julio de 2017 y fueron denunciados por dos testigos.
«El Colegio respalda completamente el dictamen que realizó el veterinario, sin sombra de dudas. En cambio, como no coincidió con lo que esperaba un colectivo de animalistas, sufre desde entonces una persecución: se han colado en su clínica, hacen manifestaciones a la entrada y recibe descalificativos en Facebook», relata el colegio, que considera los hechos de «injustos», más cuando este profesional era ajeno al caso y «sólo prestó apoyo técnico».