Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria
En marzo ha entrado en vigor el Real Decreto de seguridad alimentaria y nutrición en centros educativos del Gobierno de España. Y Cantabria, que ya adelantó que no iba a quedarse con una normativa desactualizada, por fin ha dado luz verde al nuevo Acuerdo Marco que regulará la contratación del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos desde el curso que viene (el ejercicio 2026/27) hasta el 2029/30.
Es la herramienta que tendrán los centros educativos para elegir la empresa o el tipo de servicio que van a ofrecer (cuando cuentan con cocina propia). Y se ajusta a los criterios que establece la normativa estatal. ¿Cuáles son? Por un lado, en cuanto a ingredientes prioriza el uso de los de proximidad y frescos, aumenta el número de veces que se consumen cereales integrales y establece, por primera vez, el uso obligatorio del aceite de oliva. Por otro lado, trata la alimentación desde el punto de vista educativo con la obligación de informar –también a las familias– de los detalles técnicos de cada plato (productos, calorías, porciones...), con un control oficial más exhaustivo para los menús y primando el uso de productos ecológicos y de cadena de corta distribución, frente a procesados y fritos.
La normativa cántabra ahonda en estos requisitos y, para ello, prevé un gasto de 49,5 millones de euros. La cifra nace del cálculo en función del número de comensales, los días de prestación del servicio y los precios máximos por menú, que se actualizan en función de los alumnos y del tipo de gestión. Pero también topa precios máximos y establece las condiciones que deberán respetarse en los contratos que adjudicarán los centros educativos.
Pese a que la normativa incluye cuestiones que, hasta ahora, no estaban reguladas, Cantabria lleva tiempo adelantándose. De hecho, lleva tiempo trabajando en los términos del nuevo Acuerdo Marco y el Real Decreto. La responsable del área de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Salud (la segunda pata, además de Educación, sobre la que se asienta la gestión de los comedores escolares), Yolanda Quintana, lo explicó para El Diario Montañés en el mes de febrero: «Nos hemos adaptado a una realidad que veíamos venir, pero aún hay cosas que mejorar». En definitiva, el Acuerdo Marco aporta «más garantías legales» a la hora de exigir a las empresas concesionarias que cumplan con los requisitos. Pero «muchos aspectos ya están incorporados». Por ejemplo, se prioriza el pescado «de las lonjas de Cantabria», se tratan de sustituir salsas de tomate precocinadas por las de elaboración propia y se incluye el uso exclusivo del aceite de oliva, entre otros. Son pasos hacia una alimentación más saludable y pese a que «muchas veces nos cuesta que cale» el mensaje, plantea Quintana, «todos remamos en la misma dirección».